Covid-19: Exijamos la Responsabilidad Penal y Civil de los Gobernantes
Parte 3: Gobernantes e imprudencias graves con resultado de muerte
El quinto nivel de responsabilidad, en el caso concreto de España, es del Gobierno Español. No dudó en repatriar a los ciudadanos que había en China, sujetos a una cuarentena obligatoria, y por ello debe ser aplaudido. Hasta ahí, cumplió con sus obligaciones para con todos los ciudadanos, evitando posibles contagios. Sin embargo, ignoró a todos los que venían de Japón, Alemania e Italia, por citar los primeros casos declarados de contagio en terceros países, incluso cuando ya era evidente la tasa de contagio (R0) del Covid-19 y su gravedad. Les dejó acceder a España sin ningún tipo de test, restricción ni cuarentena (que como mínimo debiera haber sido domiciliaria). Y todo ello continuó así, a pesar de la declaración de Emergencia Internacional por parte de la OMS el 31 de enero de 2020.
Si España hubiera actuado en ese momento, incluso cerrando fronteras o declarando el “Estado de Alarma”, sin duda el Gobierno hubiera sido criticado y vapuleado, pero era su obligación, tenía todos los datos, información que el resto de los ciudadanos no teníamos. Y si yo soy un gobernante, ser criticado es lo mínimo que puedo esperar, pero es preferible a ser irresponsable y a causar mas muertes (“imprudencia grave con resultado de muerte”, Art. 142 del Código Penal ) y un mayor daño económico al país.
No se puede argumentar que no era posible hacerlo mejor. Tenemos magníficos ejemplos en Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán, por mencionar algunos de Asia-Pacífico.
Un sexto nivel de responsabilidad, también del Gobierno Español, al desoír durante semanas desde al menos, que se sepa públicamente, el 24 de febrero de 2020, todas las recomendaciones de la OMS, la UE y los expertos para hacer acopio de EPIs y respiradores, incrementar el número de UCIs, etc. ¿Cuál hubiera sido el coste de la prevención, aunque al final no hubiera sido preciso todo ese material, teniendo en cuenta que muchos de esos productos se podrían haber ido usando en los siguientes meses o años, frente a las muertes y daños económicos que ahora tenemos?
¿Cómo es posible que ningún gobierno ha tenido en cuenta un reservorio centralizado de estos productos, previendo no sólo una pandemia, sino cualquier otra catástrofe que pudiera requerir sobre-esfuerzos para la sanidad?
No son válidas las excusas del tipo “hace dos meses, no sabíamos que necesitaríamos estos elementos de protección”, que los gobiernos están utilizando, pensando que los ciudadanos somos estúpidos: Los EPIs y muchos otros elementos son iguales para todas las situaciones similares. Además, se utilizan habitualmente en el sistema sanitario e incluso en la industria.
Insisto, no hay excusas. El programa de TV “Cuarto Milenio” del 1 de marzo, grabado el 20 de febrero, ya predijo el caos sanitario, con un elevado nivel de detalle de lo que haría falta. Es inaceptable que ningún responsable de la administración oyera a los expertos y organizaciones internacionales con semanas de anticipación. Sólo días o semanas hubieran salvado miles de vidas y reducido el impacto económico y social.
Si España hubiera actuado en ese momento, incluso cerrando fronteras o declarando el “Estado de Alarma”, sin duda el Gobierno hubiera sido criticado y vapuleado, pero era su obligación, tenía todos los datos, información que el resto de los ciudadanos no teníamos. Y si yo soy un gobernante, ser criticado es lo mínimo que puedo esperar, pero es preferible a ser irresponsable y a causar mas muertes (“imprudencia grave con resultado de muerte”, Art. 142 del Código Penal ) y un mayor daño económico al país.
No se puede argumentar que no era posible hacerlo mejor
No se puede argumentar que no era posible hacerlo mejor. Tenemos magníficos ejemplos en Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán, por mencionar algunos de Asia-Pacífico.
Un sexto nivel de responsabilidad, también del Gobierno Español, al desoír durante semanas desde al menos, que se sepa públicamente, el 24 de febrero de 2020, todas las recomendaciones de la OMS, la UE y los expertos para hacer acopio de EPIs y respiradores, incrementar el número de UCIs, etc. ¿Cuál hubiera sido el coste de la prevención, aunque al final no hubiera sido preciso todo ese material, teniendo en cuenta que muchos de esos productos se podrían haber ido usando en los siguientes meses o años, frente a las muertes y daños económicos que ahora tenemos?
¿Cómo es posible que ningún gobierno ha tenido en cuenta un reservorio centralizado de estos productos, previendo no sólo una pandemia, sino cualquier otra catástrofe que pudiera requerir sobre-esfuerzos para la sanidad?
no sabíamos que necesitaríamos estos elementos de protección
No son válidas las excusas del tipo “hace dos meses, no sabíamos que necesitaríamos estos elementos de protección”, que los gobiernos están utilizando, pensando que los ciudadanos somos estúpidos: Los EPIs y muchos otros elementos son iguales para todas las situaciones similares. Además, se utilizan habitualmente en el sistema sanitario e incluso en la industria.
Insisto, no hay excusas. El programa de TV “Cuarto Milenio” del 1 de marzo, grabado el 20 de febrero, ya predijo el caos sanitario, con un elevado nivel de detalle de lo que haría falta. Es inaceptable que ningún responsable de la administración oyera a los expertos y organizaciones internacionales con semanas de anticipación. Sólo días o semanas hubieran salvado miles de vidas y reducido el impacto económico y social.
Por si esto fuera poco, el séptimo nivel de responsabilidad, de nuevo del Gobierno Español y los respectivos Gobiernos Autonómicos mientras aún tenían delegadas las correspondientes competencias, desoyendo a la OMS y expertos, al permitir la celebración de cientos de eventos, algunos altamente masificados, el 8 de marzo de 2020 por toda España.
Un octavo nivel de responsabilidad: El 11 de marzo la OMS declara la pandemia, y sin embargo el Gobierno Español, tardó aún 3 días más en declarar el “Estado de Alarma”, lo que supone, de nuevo, posiblemente miles de vidas, dado la poderosa tasa de contagio (R0) del Covid-19, que se estima entre 1,2 y 2,5 (hay quien se aventura a hablar incluso del 2-3).
La negación de test a toda la población, la falta de prevención y control en los sectores de población con mayor riesgo (residencias de mayores), los fallos en su compra, etc. ¿Acaso el Gobierno ha pedido responsabilidades a los proveedores que les han engañado en esos suministros? Si el Gobierno no pide responsabilidades penales y civiles a dichos proveedores, estaríamos hablando de un noveno nivel de responsabilidad, bien del Gobierno, o alternativamente de dichos proveedores (si se demuestra que el Gobierno hizo correcta y responsablemente los contratos de suministro).
Todos estos niveles de responsabilidad deberán ser juzgados civil y penalmente. Todos los ciudadanos del mundo tenemos la obligación de movilizarnos para exigir las debidas responsabilidades a nuestros gobernantes, y que nuestra justicia exija responsabilidades a terceros países también.
Cuando un ciudadano se presenta voluntariamente para un cargo público, acepta las responsabilidades del mismo: Nadie le obliga, pero ser elegido y aceptar el cargo supone hacerlo diligentemente y proteger a los ciudadanos en todos los aspectos, con todas las consecuencias y responsabilidades que ello conlleva. La imprudencia, dejación de funciones, inacción, omisión en la prestación del servicio público, prevaricación, falta de decisiones a tiempo, ignorar a los investigadores, expertos y organizaciones supranacionales, no son admisibles nunca, jamás, bajo ningún punto de vista. Todo ello deberá ser juzgado y penado legalmente.
La alternativa es que los ciudadanos tengan siempre acceso público a toda la información, y sin necesidad de gobernantes, tomen sus propias decisiones.
El objetivo de todos los ciudadanos, no debe ser solo la exigencia de responsabilidad, sino también, como consecuencia de esta experiencia, garantizar que haya cambios legislativos, incluso constitucionales, que eviten que esto vuelva a ocurrir. Hay que anticiparse. No podemos repetir aquello de que “el hombre el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Hay que juzgar y cambiar las leyes para que futuros gobernantes no puedan repetir los mismos errores. Que sepan que la ley será más dura y exigente con sus negligencias. Sólo aquellos que realmente quieran comprometerse en sus responsabilidades, merecen ser nuestros gobernantes.
Un octavo nivel de responsabilidad: El 11 de marzo la OMS declara la pandemia, y sin embargo el Gobierno Español, tardó aún 3 días más en declarar el “Estado de Alarma”, lo que supone, de nuevo, posiblemente miles de vidas, dado la poderosa tasa de contagio (R0) del Covid-19, que se estima entre 1,2 y 2,5 (hay quien se aventura a hablar incluso del 2-3).
La negación de test a toda la población
La negación de test a toda la población, la falta de prevención y control en los sectores de población con mayor riesgo (residencias de mayores), los fallos en su compra, etc. ¿Acaso el Gobierno ha pedido responsabilidades a los proveedores que les han engañado en esos suministros? Si el Gobierno no pide responsabilidades penales y civiles a dichos proveedores, estaríamos hablando de un noveno nivel de responsabilidad, bien del Gobierno, o alternativamente de dichos proveedores (si se demuestra que el Gobierno hizo correcta y responsablemente los contratos de suministro).
Todos estos niveles de responsabilidad deberán ser juzgados civil y penalmente. Todos los ciudadanos del mundo tenemos la obligación de movilizarnos para exigir las debidas responsabilidades a nuestros gobernantes, y que nuestra justicia exija responsabilidades a terceros países también.
un cargo público, acepta las responsabilidades del mismo
Cuando un ciudadano se presenta voluntariamente para un cargo público, acepta las responsabilidades del mismo: Nadie le obliga, pero ser elegido y aceptar el cargo supone hacerlo diligentemente y proteger a los ciudadanos en todos los aspectos, con todas las consecuencias y responsabilidades que ello conlleva. La imprudencia, dejación de funciones, inacción, omisión en la prestación del servicio público, prevaricación, falta de decisiones a tiempo, ignorar a los investigadores, expertos y organizaciones supranacionales, no son admisibles nunca, jamás, bajo ningún punto de vista. Todo ello deberá ser juzgado y penado legalmente.
La alternativa es que los ciudadanos tengan siempre acceso público a toda la información, y sin necesidad de gobernantes, tomen sus propias decisiones.
El objetivo de todos los ciudadanos, no debe ser solo la exigencia de responsabilidad, sino también, como consecuencia de esta experiencia, garantizar que haya cambios legislativos, incluso constitucionales, que eviten que esto vuelva a ocurrir. Hay que anticiparse. No podemos repetir aquello de que “el hombre el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Hay que juzgar y cambiar las leyes para que futuros gobernantes no puedan repetir los mismos errores. Que sepan que la ley será más dura y exigente con sus negligencias. Sólo aquellos que realmente quieran comprometerse en sus responsabilidades, merecen ser nuestros gobernantes.
