Covid-19: Exijamos la Responsabilidad Penal y Civil de los Gobernantes
Parte 4: Pisotear la ley, nuestra Constitución, no puede salir gratis
Sin duda esta pandemia nos debe enseñar, como mínimo, que debe haber cambios legislativos, industriales y comerciales, incluso en el sentido de obligar a que existan reservas estratégicas y fabricación nacional, en cada país del mundo, de aquellos elementos que pueden ser necesarios en situaciones no solo de pandemia, sino de todo tipo de catástrofes. Es inaudito que, cuando ya hemos tenido en años recientes, diversas situaciones cercanas a la actual, como la Gripe A en el 2009, no se hayan tomado suficientes medidas.
¡Ya no podemos confiar en los gobernantes, debemos actuar!
¿Como se puede decretar la extensión del confinamiento a todos los ciudadanos, y por tanto violar otros preceptos constitucionales, cuando se podría testar masivamente y no confinar a los que ya son inmunes, reduciendo así el impacto económico y social? Estamos de acuerdo que eso no se podía hacer al principio, pero se está abusando del “Estado de Alerta”, con múltiples acciones absolutamente innecesarias, como mantener cerrado el congreso, en lugar de utilizar sistemas electrónicos, o evitando la libertad de prensa con mecanismos de censura en las comparecencias del gobierno.
Y no olvidemos la discriminación al testar a autoridades y políticos, y no hacerlo con el resto de la población. ¿acaso los gobernantes tienen más derechos que los demás? Cualquier forma de discriminación es un gravísimo delito, contrario a la Constitución.
Y aquí existe un décimo nivel de responsabilidad. Aquellos parlamentarios que votan una y otra vez a favor de extender un “Estado de Alarma” de forma indiscriminada y generalizada a todos los ciudadanos, deben ser responsabilizados penal y civilmente de los daños causados, y también deberán ser juzgados.
Para que no haya dudas: La Constitución no permite la suspensión de derechos y libertades, como se ha hecho en este caso, en el “Estado de Alarma”, ya que una suspensión general sólo es Constitucional en el caso del “Estado de Excepción” o del “Estado de Sitio” (Art. 55 de la Constitución Española).
El “Estado de Alarma”, según la propia Constitución, no puede socavar el resto de los preceptos constitucionales en el modo que se está haciendo, prórroga tras prórroga, y sólo puede alterar los derechos de los ciudadanos sin generalizar indiscriminadamente y exclusivamente para aquello que sea absolutamente indispensable. De otro modo, cualquier gobierno, en connivencia con una parte del parlamento, puede de facto convertirse en dictador, y dañar irremediablemente los derechos de muchos ciudadanos.
Es cierto que la riqueza del país está subordinada al interés general (Art. 128 de la Constitución Española), pero sólo dentro del orden Constitucional, y jamás en una situación de dictadura “de hecho” cuando se extiende de forma arbitraria, e indiscriminada el “Estado de Alarma” y se podrían tomar medidas que sólo afectarán a los infectados y por lo tanto evitar un confinamiento generalizado más prolongado de lo estrictamente necesario.
Por lo tanto, urge también un cambio Constitucional que resuelva la repetición de esta insensatez. No podemos ni debemos dejarlo para mañana, de lo contrario, no quepa duda, estas situaciones se repetirán y nos veremos abocados a la desobediencia civil, que es la única opción que le queda a los ciudadanos cuando las leyes no son justas o fallan.
Dado que, sin lugar a dudas, la aplicación que se está haciendo del “Estado de Alarma” será declarado contrario a la Constitución, todos los sancionados y encarcelados por su incumplimiento (que no es más que desobediencia civil ante algo rotundamente ilegal), tienen derecho a reclamar los correspondientes daños y perjuicios, y no cabe duda que habrán de ser resarcidos, como corresponde, en un Estado de Derecho. ¿Acaso van a pagar, de su bolsillo, los Gobernantes y Parlamentarios dichas compensaciones? ¿O como siempre, las tendremos que pagar entre todos los Españoles, con nuestros impuestos?
¡Ya no podemos confiar en los gobernantes, debemos actuar!
¿Como se puede decretar la extensión del confinamiento a todos los ciudadanos, y por tanto violar otros preceptos constitucionales, cuando se podría testar masivamente y no confinar a los que ya son inmunes, reduciendo así el impacto económico y social? Estamos de acuerdo que eso no se podía hacer al principio, pero se está abusando del “Estado de Alerta”, con múltiples acciones absolutamente innecesarias, como mantener cerrado el congreso, en lugar de utilizar sistemas electrónicos, o evitando la libertad de prensa con mecanismos de censura en las comparecencias del gobierno.
¿acaso los gobernantes tienen más derechos que los demás?
Y no olvidemos la discriminación al testar a autoridades y políticos, y no hacerlo con el resto de la población. ¿acaso los gobernantes tienen más derechos que los demás? Cualquier forma de discriminación es un gravísimo delito, contrario a la Constitución.
Y aquí existe un décimo nivel de responsabilidad. Aquellos parlamentarios que votan una y otra vez a favor de extender un “Estado de Alarma” de forma indiscriminada y generalizada a todos los ciudadanos, deben ser responsabilizados penal y civilmente de los daños causados, y también deberán ser juzgados.
La Constitución no permite la suspensión de derechos
Para que no haya dudas: La Constitución no permite la suspensión de derechos y libertades, como se ha hecho en este caso, en el “Estado de Alarma”, ya que una suspensión general sólo es Constitucional en el caso del “Estado de Excepción” o del “Estado de Sitio” (Art. 55 de la Constitución Española).
El “Estado de Alarma”, según la propia Constitución, no puede socavar el resto de los preceptos constitucionales en el modo que se está haciendo, prórroga tras prórroga, y sólo puede alterar los derechos de los ciudadanos sin generalizar indiscriminadamente y exclusivamente para aquello que sea absolutamente indispensable. De otro modo, cualquier gobierno, en connivencia con una parte del parlamento, puede de facto convertirse en dictador, y dañar irremediablemente los derechos de muchos ciudadanos.
Es cierto que la riqueza del país está subordinada al interés general (Art. 128 de la Constitución Española), pero sólo dentro del orden Constitucional, y jamás en una situación de dictadura “de hecho” cuando se extiende de forma arbitraria, e indiscriminada el “Estado de Alarma” y se podrían tomar medidas que sólo afectarán a los infectados y por lo tanto evitar un confinamiento generalizado más prolongado de lo estrictamente necesario.
urge también un cambio Constitucional
Por lo tanto, urge también un cambio Constitucional que resuelva la repetición de esta insensatez. No podemos ni debemos dejarlo para mañana, de lo contrario, no quepa duda, estas situaciones se repetirán y nos veremos abocados a la desobediencia civil, que es la única opción que le queda a los ciudadanos cuando las leyes no son justas o fallan.
Dado que, sin lugar a dudas, la aplicación que se está haciendo del “Estado de Alarma” será declarado contrario a la Constitución, todos los sancionados y encarcelados por su incumplimiento (que no es más que desobediencia civil ante algo rotundamente ilegal), tienen derecho a reclamar los correspondientes daños y perjuicios, y no cabe duda que habrán de ser resarcidos, como corresponde, en un Estado de Derecho. ¿Acaso van a pagar, de su bolsillo, los Gobernantes y Parlamentarios dichas compensaciones? ¿O como siempre, las tendremos que pagar entre todos los Españoles, con nuestros impuestos?
Una vez se resuelva la situación de pandemia, será necesario que los gobiernos y parlamentarios de todos los países que están cometiendo estas atrocidades, dimitan, sean juzgados y se convoquen elecciones sin su participación. No basta con pensar que tras el juicio podrán ser condenados e inhabilitados, sino que no deben volver a presentarse a cargos públicos, porque están causado muertes y daños. Los ciudadanos tenemos derecho a reclamar la corrección inmediata de la situación. De lo contrario es imposible que la ley pueda mejorar y garantizar que estas situaciones no se repiten, porque son esos mismos gobernantes los que pueden aprobar o no esos cambios legislativos, y es obvio que no podrían estar objetivamente a favor de los mismos.
Debemos alentar a bufetes de abogados, que han prometido públicamente ayudar a todos los ciudadanos con asesoramiento público gratuito, a que les ayuden de verdad. Esa ayuda debe sustanciarse en ejercer acciones colectivas civiles y penales contra todos los niveles de responsabilidad que hemos desglosado en este documento, posiblemente otros. Incluso en fomentar si es preciso, Iniciativas Legislativas Populares.
Hay antecedentes similares de estos mismos bufetes, por medio de las cuales los ciudadanos participaban con cantidades mínimas (50 Euros), sumándose a las demandas contra los Controladores Aéreos que obligaron al cierre del espacio aéreo en el año 2010, y que han tenido éxito.
No vamos a ser ilusos. Ya sabemos que la vida, la sociedad, los países, el mundo y las leyes no son tan “fáciles”. Sabemos que hay muchas relaciones económicas y de poder entre países, que no son simples. Todo ello no importa: los ciudadanos tenemos derecho a cambiarlo todo cuando está mal y no nos protege, y garantizar que los que deseen trabajar para la comunidad y gobernarnos, lo hagan dentro de reglas que no nos resulten lesivas y no nos dejen desamparados ante sus insensateces e irresponsabilidades.
Si esto no fuera así, más que gobernantes sería mejor tener profesionales dirigiendo los países, igual que hay profesionales que dirigen empresas. Deberán estar mejor pagados, pero sin duda serán más eficaces, y evitarán situaciones extremo como la ocurrida con el Covid-19. No importa un mayor coste para los ciudadanos, cuando se pueden salvar vidas y hacer que países y ciudadanos sean más resilientes.
Todos los ciudadanos del mundo debemos embarcarnos en resolver la pandemia lo antes posible, pero al mismo tiempo debemos, sin demora, exigir responsabilidades civiles y penales a los gobernantes que no han impedido que ocurra.
ejercer acciones colectivas civiles y penales
Debemos alentar a bufetes de abogados, que han prometido públicamente ayudar a todos los ciudadanos con asesoramiento público gratuito, a que les ayuden de verdad. Esa ayuda debe sustanciarse en ejercer acciones colectivas civiles y penales contra todos los niveles de responsabilidad que hemos desglosado en este documento, posiblemente otros. Incluso en fomentar si es preciso, Iniciativas Legislativas Populares.
Hay antecedentes similares de estos mismos bufetes, por medio de las cuales los ciudadanos participaban con cantidades mínimas (50 Euros), sumándose a las demandas contra los Controladores Aéreos que obligaron al cierre del espacio aéreo en el año 2010, y que han tenido éxito.
los ciudadanos tenemos derecho a cambiarlo todo
No vamos a ser ilusos. Ya sabemos que la vida, la sociedad, los países, el mundo y las leyes no son tan “fáciles”. Sabemos que hay muchas relaciones económicas y de poder entre países, que no son simples. Todo ello no importa: los ciudadanos tenemos derecho a cambiarlo todo cuando está mal y no nos protege, y garantizar que los que deseen trabajar para la comunidad y gobernarnos, lo hagan dentro de reglas que no nos resulten lesivas y no nos dejen desamparados ante sus insensateces e irresponsabilidades.
Si esto no fuera así, más que gobernantes sería mejor tener profesionales dirigiendo los países, igual que hay profesionales que dirigen empresas. Deberán estar mejor pagados, pero sin duda serán más eficaces, y evitarán situaciones extremo como la ocurrida con el Covid-19. No importa un mayor coste para los ciudadanos, cuando se pueden salvar vidas y hacer que países y ciudadanos sean más resilientes.
Todos los ciudadanos del mundo debemos embarcarnos en resolver la pandemia lo antes posible, pero al mismo tiempo debemos, sin demora, exigir responsabilidades civiles y penales a los gobernantes que no han impedido que ocurra.
